Ahí tiene usted algunos buenos maestros para conocer tanto de lo malo como de lo peor de esa actividad aquí en México. Hay otros en Hacienda que también le saben al asunto, pero como a casi todos conviene que ese negocio se mantenga en los terrenos de la oscuridad, porque ahí el dinero circula de bolsillos a bolsillos sin que el grueso toque las arcas oficiales, no le van a enseñar mucho.

Déjeme, pues, comenzar por contarle una historia lejana; tan lejana que ocurrió allá por los lares de la pampa argentina...

Juan José Marc, el héroe de esta historia, suele recordar la ley toral no escrita de esta actividad, que reza: Lo que no hace el juego legal, lo hace el juego ilegal. “Dicho de otra manera —agrega—, los resultados de la legalidad y la ilegalidad en el juego son claramente diferentes. Lo único que no cambia es qué se juega y cuánto se juega. Diferentes estadísticas así lo muestran.

“Los beneficios de la legalidad —continúa Marc— recaen en el Estado, en las empresas sólidamente constituidas, en la sociedad, en morigerar los efectos no deseados de la actividad, etc.

“La ilegalidad, en cambio, exacerba todos los aspectos negativos, incrementa los efectos no deseados (ludopatía) y genera el caldo de cultivo para otras actividades ilegales (prostitución, usura, lavado de dinero)...”

Juan Manuel, ex colega periodista, tuvo la fortuna de entrar a ese mundo en su país de la manera más curiosa —asunto que en otra ocasión le cuento— y en gran medida fue factótum para modificarla en forma radical, pero altamente positiva para su país.

Desde 1991 empresarios argentinos obtuvieron concesiones para salas de bingo y un lustro después agregaron máquinas electrónicas de juegos de azar. Más de la mitad de esta actividad se concentraba en la provincia de Buenos Aires, pero todo mezclado, porque la normatividad era mala y laxa. Para 2001 funcionaban en esa provincia casi dos mil máquinas que generaban impuestos por menos de 10 millones de pesos argentinos, equivalentes en aquel tiempo a la misma cifra en dólares; tan poca ganancia para el gobierno y tan amañada, que en noviembre de ese año la legislatura local decidió acabar con el negocio...

... Pero allá también funciona el amparo, señora directora, y lo único que se logró fue incrementar el juego ilegal, pero amparado...

En 2002 una nueva autoridad provincial introdujo un profundo cambio que, entre otras cosas, conectó on line y en tiempo real a todas las máquinas electrónicas de todos los centros de apuestas con un organismo fiscal controlador; estableció un impuesto de 34 por ciento, después de premios, a cada máquina, y asignó, con cargo a la nomina de personal de cada local, un empleado por máquina. Además, la auditoría de esta operación fue legalmente encomendada a una universidad políticamente identificada con un partido opositor al gobierno.

Resultados: En 2003 —primer año de operar el cambio— la recaudación se elevó a 208 millones de pesos argentinos y el número de máquinas controladas ascendió a cinco mil. En 2004, el estado de Buenos Aires captó 340 millones de pesos a través de siete mil máquinas, y en 2005 el beneficio fiscal rasguñó los 500 millones de pesos con más de nueve mil máquinas, y los operadores realizaron una inversión superior a los mil millones de dólares..., ¿por qué cree usted, señora..?

“Porque —me contó Juan José Marc hace algo más de año y medio— empresarios que antes hasta me amenazaron de muerte, encontraron que jugando legal ganaban más... Antes de esta reforma, más del 40 por ciento de sus ganancias se les iba en mordidas —como dicen acá en México— a empleados, funcionarios y políticos, y en arreglos con el crimen organizado. Ahora se saben protegidos porque existe un clima de seguridad legal...”

Más aun: los operadores y el gobierno de Buenos Aires establecieron un fondo para atacar los efectos indeseables del juego mediante organizaciones civiles que actúan contra la ludopatía y por instrumentar sistemas de seguridad y control.

Hasta el año pasado, me dijo Juan José Marc, más de medio centenar de entidades de beneficencia pública recibían entre el uno y el seis por ciento de la recaudación bruta de cada sala y la totalidad de los ingresos fiscales se canalizaba a programas sociales de salud, educación y seguridad; la provincia de Córdoba había adoptado el modelo y estaban en el mismo camino las de Misiones, Neuquén, Mendoza, Río Negro y San Juan.

Hago hincapié, señora, en que los resultados fiscales, sociales y económicos que antes le enumeré correspondieron sólo a la provincia de Buenos Aires que, repito, en 2005 recaudó impuestos por casi 500 millones de pesos argentinos...

En México, país, operan más de 50 mil máquinas electrónicas, legales e ilegales —estas últimas la mayoría— que siguen vinculadas o cooptadas por el crimen organizado y con diversos deleznables funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.

Como verá, las cuentas que usted hizo el viernes pasado no salen, señora directora general adjunta, no salen. De eso le voy a escribir algo más, pero mañana.