PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN:
Le informo que ha cometido desacato contra un procedimiento de amparo.
No sé si conoce la causa. Si es así, no tiene caso que continúe leyendo, a menos de que se haya enterado de ella cuando ya se había ahogado el niño…
De lo contrario, le informo que el día 16 pasado, la jueza décima tercera administrativa de Distrito, licenciada Ana Luisa Priego Enríquez, le notificó, a través de su consejería jurídica, que el día 13 había admitido la demanda de amparo interpuesta, como ayer le comenté, por el ciudadano (y abogado) desempleado Maximino Sesmas Gómez y, en consecuencia, le requirió presentar el informe correspondiente en un plazo de cinco días hábiles, que venció el lunes pasado y usted no lo entregó.
Puntualizo, Presidente:
El requerimiento fue recibido el mismo día 16, en representación de usted, por el consejero jurídico adjunto de la Presidencia, Ricardo Celis Aguilar Álvarez. Ignoro si él le informó y usted le instruyó actuar como lo hizo, o que, como suele suceder o que como requerimientos de esa índole se entregan por docenas en la Consejería Jurídica de la Presidencia exista un mecanismo único de respuesta. ¿Considera usted que no responder es el mecanismo adecuado? No creo, si atendemos a su constante prédica del respeto que todos debemos a la ley; pero ahí está este hecho, Presidente. Si el consejero adjunto Celis Aguilar Álvarez o la Consejería en general consideran correcto ese procedimiento, ¡caray, en qué brete le habrán metido, Presidente!, considerando que el desacato en asuntos de amparo procede de oficio y en cualquier momento pudiera generarse una avalancha de reclamos judiciales por desacato en su contra.
Aquí dejo, Presidente, esta información, deseando que llegue a su conocimiento. A mí me parece grave; tal vez a su Consejería Jurídica no. Cada quien respeta a la ley como su criterio le dicta, entendiendo que pululan los criterios laxos si hablamos de ciudadanos comunes y corrientes, cosa que no se puede aplicar al Presidente de la República, que es por ello el mexicano más obligado a cumplir puntillosamente con aquélla. ¿Son sus colaboradores ciudadanos comunes? ¿No debieran ser más puntillosos que usted mismo quienes le sirven para adecuar la realización de sus acciones, la toma de sus decisiones y la expresión de sus pensamientos en estricto apego al estado de derecho que, se supone, es el nuestro?
Y finalmente, mire usted, Presidente, hasta dónde pueden llegar acciones de gobierno violatorias del orden legal si no se atienden ni, en su caso, se corrigen con la oportunidad que la justicia demanda. Pronto se cumplirá un año de que dos funcionarios medianos de Gobernación, como lo son Rogelio Álvarez Soto y Francisco Yáñez Centeno, despidieron a Maximino Sesmas Gómez presuntamente sin justificación y le provocaron otra serie de perjuicios. Nadie hizo caso y ahora hasta usted es víctima, quiero creer, de oootro funcionario negligente que no hizo su trabajo y le provocó la antes referida acusación de desacato…
Y también trascendió que una cifra superior a un centenar de funcionarios medios de Gobernación habrían sido despedidos en las mismas condiciones que a Sesmas y nadie, hasta esta fecha, ha refutado tal afirmación.
¿A tan poco tiempo de que concluya su mandato le conviene esta clase de problemas?
Espero, Presidente, que sí haya leído, completas, estas líneas, que van acompañadas por un atento saludo.
FÓRMULA CONFIDENCIAL…
… un programa a cargo de este servidor que transmite RADIO FÓRMULA-1470, previno anteanoche sobre la probabilidad de un desalojo en el predio Hidalgo y Carrizo, de Texcoco, pero colindante con Chimalhuacán, Estado de México, a solicitud de la Conagua, por tratarse de una propiedad federal pero, además, por ser un área esencial para las estrategias de regulación de inundaciones… Anteanoche se planteó también el riesgo adicional de un “tapón” que Conagua se le había puesto al dren “Chimalhuacán 1” para permitir que la alcaldía de Chimalhuacán derruyera un puente usado por habitantes de ese municipio para integrarse a los invasores del predio Hidalgo y Carrizo… Se trata de un problema añejo de invasión, pero también de ventas ilegales que desde hace décadas realizaron delincuentes apoyados por algunas autoridades… Desde el inicio de la actual administración federal Conagua litigó, sin fruto, el desalojo de unas mil 200 familias, aconsejadas en tal sentido por voceros de diversos partidos políticos… Ayer, hacia la madrugada, las policías estatal y Federal realizaron el operativo que fue vigilado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México… Todo este problema comenzó cuando en el año 1966 Ernesto Uruchurtu fue obligado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz a renunciar a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, con lo que se abrió el cinturón que aquél había puesto al crecimiento desordenado de la capital, y provocó el desbordamiento poblacional que hoy sufre toda la zona metropolitana… Una acción perfectamente al tamaño a la exclamación de Talleyrand cuando allá en la revolución francesa se enteró del homicidio de Marat… “¡Eso no fue un crimen, sino una estupidez…!”
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